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Gran corrupción: datos inéditos presentan radiografía sobre la actividad de órganos de investigación de América Latina en el caso Odebrecht

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Cooperación

La investigación de órganos de 9 países de América Latina en el caso Odebrecht

Los documentos fueron obtenidos con exclusividad por Transparencia Internacional y el JOTA

Este contenido fue producido en asociación por el JOTA y por la Transparencia Internacional Brasil.

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Gran corrupción” es el fenómeno descrito por la Transparencia Internacional como “el abuso de altos niveles de poder que beneficia a pocos a las costas de la mayoría y causa daños profundos y diseminados a individuos y a la sociedad. Y por lo general queda impune”.

El entendimiento de que la gran corrupción (“grand corruption”) es un fenómeno relevante para los días actuales ha llegado al ámbito de las Naciones Unidas. En noviembre de 2017 la Conferencia de los Estados Partes de la Convención de ONU contra la Corrupción adoptó la resolución 7/2 sobre “Corruption Involving Vast Quantities of Assets” – es decir, “Corrupción Involucrando Amplias Cantidades de Activos”.

Fue la primera vez que los países acordaron hablar sobre “grand corruption”, aunque se ha evitado la expresión. La reunión de expertos ocurrida en Lima en diciembre de 2018 organizada por la UNODC, brazo de la ONU contra las drogas y el crimen, reafirmó la necesidad de comprender el fenómeno y de trabajar en maneras de prevenir y combatir la gran corrupción.

Caso Odebrecht y daños de la gran corrupción

El caso Odebrecht, cuya dimensión el mundo conoció el 21 de diciembre de 2016 – fecha en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público un acuerdo entre la contratista y Brasil, EE.UU. y Suiza –, es un ejemplo claro de gran corrupción. En el acuerdo, Odebrecht admitió haber pagado, entre 2001 y 2016, la suma de 788 millones de dólares en soborno a funcionarios de gobiernos, representantes de esos funcionarios y partidos políticos de Brasil y de otros once países, siendo nueve en América Latina y dos en la región de África (Angola y Mozambique). Los nueve países latinoamericanos mencionados por el órgano de Estados Unidos son Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guatemala, México, Panamá y República Dominicana. La empresa brasileña acordó pagar una multa de 3,5 mil millones de dólares en el marco de ese acuerdo.

Con el anuncio del acuerdo y las revelaciones que le siguieron, fue posible confirmar que la gran corrupción beneficia pocos a las costas de muchos y causa daños a personas y a la sociedad – los bajísimos niveles de confianza en la Democracia registrados actualmente en América Latina, por ejemplo, están directamente relacionados con los recientes escándalos de gran corrupción.

Con respecto a la impunidad de los agentes públicos y privados implicados en este caso, la definición de Transparencia Internacional también parece confirmarse. La sensación en muchos lugares de la región sigue siendo la de que hay mucho que hacer. En las palabras de un investigador brasileño que conoce de cerca el caso Odebrecht, “ni el 50%” de los hechos fueron constatados en los demás países de América Latina.

Dificultades técnicas, políticas y jurídicas

La cooperación internacional y la colaboración premiada (y el acuerdo de lenidad) son señaladas por autoridades, periodistas y expertos que acompañan de cerca la operación Lava Jato como dos de los principales vectores para el avance de las investigaciones en Brasil. Los datos obtenidos por las autoridades brasileñas por medio de la cooperación con autoridades de Suiza, por ejemplo, fueron cruciales para comprobar movimientos bancarios ilícitos en la fase inicial de la operación, señalando los caminos que siguieron. En lo que se refiere a la delación premiada y a los acuerdos de lenidad, se cree que las informaciones obtenidas por medio de esas declaraciones serían muy difíciles de conseguir de otras formas, con tal nivel de detalle.

De la misma forma como fueron y son importantes en Brasil, estos dos instrumentos son algunos de los elementos cruciales para hacer avanzar la investigación en los demás países latinoamericanos. En lo que se refiere al suministro de informaciones de Brasil a sus vecinos de América Latina, sin embargo, persisten desafíos técnicos, legales y políticos, como sistemas acusatorios y sistemas de Justicia que funcionan de manera muy diversa de la brasileña, baja autonomía de algunas instituciones de investigación y hasta dificultades para hacer trámites digitales. Pero también se señalan dificultades con respecto a las exigencias de la colaboración premiada y de los acuerdos de lenidad. Según investigadores y profesionales consultados, todavía hay – aunque venga disminuyendo en los últimos tiempos – resistencias e incomprensiones en algunos países de América Latina acerca de los compromisos asumidos por el Estado brasileño en acuerdos de lenidad y delaciones premiadas, lo que puede ser una consecuencia de la ausencia de previsión legal para esos instrumentos en países de la región.

Diferentes etapas

De diciembre de 2016 hasta la fecha, investigaciones en torno a casos de gran corrupción tomaron las páginas de periódicos latinoamericanos y causaron efectos devastadores en la política doméstica de países de la región. Si los efectos fueron similares en los nueve países de la región, los datos muestran, sin embargo, que parece variar bastante la disposición de los diferentes órganos de América Latina en investigar a fondo – al menos es lo que demuestran los datos referentes a solicitudes de cooperación enviadas a Brasil.

Los datos obtenidos con exclusividad por Transparencia Internacional y por JOTA ayudan a aclarar las actividades de los órganos de investigación de nueve países de América Latina en el caso Odebrecht, en los dos años (2017 y 2018) que sucedió el acuerdo internacional.

Además, declaraciones y documentos (vídeos con transcripciones de declaraciones y procesos) públicamente disponibles reunidos por primera vez traen nuevos elementos que pueden servir a las investigaciones latinoamericanas.

Pedidos de cooperación internacional

En 2017 y 2018, los nueve países de América Latina enviaron, juntos, 118 solicitudes de cooperación para autoridades brasileñas (navegue en el gráfico a continuación para visualizar las solicitudes de cooperación por año, por país y por tipo de diligencia solicitada a las autoridades brasileñas – como violación de secreto, interrogatorio, etc.). Sin embargo, solo Perú representó más de la mitad de los pedidos formulados: fueron 68 solicitudes de cooperación enviadas a Brasil. Y fue precisamente en Perú que el terremoto político causó más daños, con la detención de expresidentes, el suicidio de uno, y la renuncia del último presidente electo: Pedro Pablo Kuczynski dejó la presidencia del país en marzo de 2018, en vísperas de la Cumbre de las Américas, reunión de jefes de Estado ocurrida en Lima y cuyo tema fue “Gobernanza Democrática contra la Corrupción”.

 

Los países que aparecen a continuación en la lista de los que solicitaron cooperación a Brasil en casos de Lava Jato son Panamá (18) y Argentina (12). Por otro lado, los países que menos accionaron a las autoridades brasileñas para solicitar ayuda en 2017 y 2018 fueron Venezuela, Guatemala (ambos con solo una solicitud) y República Dominicana (tres solicitudes) — Dominicana fue el primer país latinoamericano con el que Odebrecht firmó un acuerdo, homologado en abril de 2017 por la Justicia del país caribeño.

Además de la República Dominicana, cerraron acuerdos con la empresa brasileña Ecuador (enero de 2018), Guatemala (febrero de 2018), Panamá (agosto de 2017) y Perú – este último más reciente, en febrero de 2019.

Términos de compromiso y equipos conjuntos de investigación

Además de los números de solicitudes de cooperación, JOTA y Transparencia Internacional obtuvieron informaciones acerca de la fecha en que la redacción del término de compromiso de cada país con el Ministerio Público Federal brasileño fue acordada y el primer documento fue firmado (ver en el gráfico). Cada solicitud de cooperación genera un término; sin embargo, la fecha del primer término señala que, a partir de ese momento, los pedidos probablemente fueron atendidos de manera más rápida. Investigadores y autoridades escuchados por JOTA y la Transparencia Internacional señalan que, a partir del término firmado, hay un “desbloqueo” en la cooperación.

Otra forma de cooperación internacional es el establecimiento de Equipos Conjuntos de Investigación, que pueden operar en dos o más países para llevar a cabo investigaciones criminales en sus territorios por un tiempo y una finalidad determinados. De acuerdo con el Ministerio Público Federal brasileño, había, en enero de 2019, tratativas para el establecimiento de ECIs entre Brasil y Argentina, y Brasil y Perú. El informe del órgano brasileño no menciona ninguna solicitud de creación de ECIs en el caso de los otros siete países (Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala, México, Panamá y República Dominicana).

Declaraciones, documentos, vídeos y transcripciones

Además de datos inéditos sobre la cooperación internacional y sobre el acuerdo con relación a compromisos de uso de pruebas, se presentan aquí testimonios que revelan detalles de esquemas de corrupción en los países de América Latina. También se reunieron por primera vez todos los documentos (obtenidos en consultas a sitios oficiales de Tribunales brasileños) y videos de declaraciones (con transcripciones) disponibles públicamente que mencionan la actuación de la empresa en los países de América Latina.

Obras con posibles irregularidades y lista de delatores

Complementan este material la lista de obras con posibles irregularidades, así como la relación de exejecutivos de Odebrecht directamente vinculados a cada uno de los nueve países latinoamericanos.

Haga clic en cada país para tener la ficha completa, que contiene,

Resumen de los hechos

Documentos

Videos y transcripciones

Obras con posibles irregularidades

Delatores

Datos de la cooperación bilateral con Brasil

Especial

Cobertura Completa

Este contenido fue producido en asociación por el JOTA y por la Transparencia Internacional Brasil.

Cooperación internacional y otros catalizadores de la persecución anticorrupción

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