Este contenido fue producido en asociación por el JOTA y por la Transparencia Internacional Brasil.
Las informaciones divulgadas por la prensa, a partir de análisis propios y también en reportajes sobre la investigación realizada por el Ministerio Público Federal brasileño, comprueban que Odebrecht habría participado ilegalmente de tres grandes proyectos en Argentina, en un volumen total de negocios de cerca de US$ 2,2 mil millones. Este es el valor sumado de las obras de i) soterramiento de la Ferrocarril Sarmiento, en la región metropolitana de Buenos Aires; ii) de la construcción de la estación de tratamiento de aguas Paraná de las Palmas (en Tigre, en la gran Buenos Aires); y iii) la extensión de redes de gasoductos en diferentes regiones del país (como en la provincia de Córdoba). Para ser favorecida en esas obras, la empresa admitió también haber pagado soborno de grandes cifras.
En la delación, ejecutivos de Odebrecht afirmaron que los sobornos en Argentina sumaron “por lo menos” 35 millones de dólares, lo que implicaría un retorno de poco más del 1,5% de la facturación total de los contratos de obras públicas que la empresa obtuvo en el país. Según las delaciones, hubo pago de soborno a funcionarios cercanos al exministro de Planificación Federal, Servicios e Inversión Pública Júlio De Vido, que ocupó el cargo en todo el período kirchnerista, y al director de la estatal Agua y Saneamiento Argentino (Aysa), Oscar Raúl Biancuzzo.
En su colaboración, Luiz Antonio Mameri, exdirector de Odebrecht para América Latina y Angola, detalla los pagos. “Hubo dos ajustes indebidos. Uno con el señor Raúl Biancuzzo donde identificamos hasta el momento pagos en el valor de 7,6 millones de dólares y con el señor Jorge Rodríguez (empresario cercano del exministro de Planificación Júlio De Vido, conocido como Jorge “Corcho” Rodríguez) en el valor de 6,45 millones de dólares”, afirmó Mameri.
Según la colaboración del exdirector, también hubo participación de al menos una empresa argentina, la IECSA, en la división del pago del soborno. “Si la compañía Odebrecht tuviera interés en participar en el proyecto, debería asociarse con empresas locales. Además, debería efectuar pagos indebidos a agentes públicos dentro de esas liberaciones de servicios que serían en el futuro ejecutados por el consorcio. Nosotros no tratábamos directamente, por lo menos en la época en que eso era ajustado entre el consorcio constructor y posibles agentes públicos”, afirmó el exejecutivo de Odebrecht.
En otro pasaje de la delación, al hablar sobre el soborno pagado en la obra del soterramiento del tren Sarmiento, Mameri se profundizó sobre la participación de empresas locales. “La relación con estos agentes públicos era tratada exclusivamente mediante esas empresas locales y no a través de las empresas extranjeras. Normalmente se hacía un consorcio, que fue lo que ocurrió en este proyecto de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. El señor Javier Sánchez Caballero informó que había realizado un ajuste con agentes públicos en nombre del consorcio para que éste pudiera vencer la licitación. Tan pronto como se iniciasen los pagos por los servicios prestados, el consorcio debería realizar estos pagos (de los sobornos). Concomitante con el progreso de la obra, se pagaban las facturas y la parte correspondiente a este pago debía ser repasado a él, el señor Javier Sánchez Caballero”, explicó Mameri, refiriéndose al ex CEO de la constructora IECSA y brazo derecho de Ángelo Calcaterra, propietario de la constructora y primo del presidente Mauricio Macri.
Con relación al esquema detrás de las obras de la planta de tratamiento de agua potable de Paraná de las Palmas, Mameri contó que también hubo la participación de otras empresas locales, presentadas a Odebrecht por el argentino Carlos Enrique Wagner, propietario de una empresa local denominada Esuco S.A. y presidente de la Cámara Argentina de Construcción, muy cerca del gobierno Kirchner. De acuerdo con Mameri, fue Wagner quien presentó a Odebrecht la posibilidad de participar del proyecto de Paraná de las Palmas.
“En esa ocasión, él (Wagner) indicó que, si la compañía tuviera interés en participar en el proyecto Paraná de las Palmas, debería mantener un consorcio con otras tres empresas locales (Benito Roggio, Cartellone y Supercemento), y, además, efectuar pagos indebidos al partido del gobierno de los Kirchner, a través de agentes públicos de su relación, que en el futuro serían por él indicados, a partir del inicio de los pagos al consorcio por las obras ejecutadas”, cuenta Mameri. Aún de acuerdo con el delator, “dichos pagos deberían ocurrir pari passu al avance de las obras, siendo ésta la única forma de priorizar la recepción de las facturas de los servicios realizados por el consorcio.” Mameri afirma que el argentino colocó estos términos como condición para que Odebrecht ganara el contrato. “Si la compañía no estaba de acuerdo con las condiciones, su participación y ciertamente la victoria en la licitación quedaría perjudicada.” Más tarde, Mameri se enteró de que el agente público a quien los pagos debían hacerse era Oscar Raúl Biancuzzo, de la estatal Aysa.
Otro punto importante del capítulo argentino de la delación de la empresa está relacionado a Márcio Faria da Silva, expresidente de Odebrecht Engenharia Industrial. En una petición enviada a Edson Fachin en marzo de 2017, a la que JOTA tuvo acceso, Rodrigo Janot escribió que, en uno de sus declaraciones, el ejecutivo relató el pago de soborno para que la empresa conquistara la obra de ampliación de los gasoductos argentinos en dos tramos. El primer tramo estaba bajo la responsabilidad de la empresa argentina Canmesa, y el segundo, de la empresa Albanesi.
Carlos Henrique Wagner, el mismo intermediario argentino mencionado por Mameri, también es el personaje señalado por Faria da Silva como el eslabón entre la empresa y el esquema. Las dos empresas podrían subcontratar a Odebrecht, siempre que hubiera el pago de un soborno a funcionarios señalados por Wagner. La petición a la que JOTA tuvo acceso no detalla a qué funcionarios se produjo el pago. Sin embargo, Janot afirma en el documento que Faria da Silva relató en una declaración que, tras su autorización, el Sector de Operaciones Estructuradas pagó, de acuerdo con él, 25 millones de dólares, entre 2007 y 2014.
OBRAS CON POSIBLES IRREGULARIDADES
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Obras de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, en la región metropolitana de Buenos Aires
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Construcción de la estación de tratamiento de agua Paraná de las Palmas (en Tigre, en la gran Buenos Aires)
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Extensión de redes de gasoductos en diferentes regiones del país (como en la provincia de Córdoba)