Este contenido fue producido en asociación por el JOTA y por la Transparencia Internacional Brasil.
El exdirector de Odebrecht en Colombia Eleuberto Martorelli reveló en su delación que las campañas del presidente Juan Manuel Santos, y de su opositor, el excandidato derrotado Óscar Iván Zuluaga, recibieron dinero de la contratista por medio de “caja dos” – o sea, recursos no formalmente registrados – en el año 2014.
La investigación colombiana ya comprobó que, en febrero de 2014, la constructora firmó un contrato con la empresa panameña Paddington, vinculada a la agencia de publicidad colombiana Sancho BBDO, por un valor de US$ 1 millón, para que se hiciera una encuesta de opinión en las principales ciudades de Colombia, en virtud de la campaña electoral. En 2010, la empresa también pagó carteles de Santos.
“Pagué (a Santos), en marzo de 2014, US$ 500 mil y, después, con la conclusión de los servicios (de la encuesta de opinión) en abril, pagué los otros US$ 500 mil. Los pagos se realizaron para la empresa Paddington, a través del equipo de Hilberto Silva, de (sector de) Operaciones Estructuradas”, contó Martorelli, sobre los pagos ilegales a la campaña de Santos, refiriéndose al departamento de Odebrecht que se destinaba a la gestión y distribución del soborno, liderado por el también delator Hilberto Silva.
En mayo de 2018, la Comisión de Acusación de la Cámara de Diputados de Colombia archivó la investigación contra el presidente Santos por la entrada de dinero de Odebrecht en su campaña de 2014. La comisión también investigaba relatos de pagos ilegales en 2010. Los diputados evaluaron que no había indicios suficientes contra el presidente de la República.
En la Justicia, sin embargo, el caso sigue abierto. También en mayo del año pasado, un juez ordenó la detención de Roberto Prieto, exgerente de la campaña a la reelección de Santos en 2014, acusado de haber recibido 650 millones de pesos (230.000 dólares) en soborno de la constructora brasileña. En su delación, Martorelli cuenta detalles de cómo se dio la contribución ilegal a Santos.
“En 2014, a principios de enero, fui buscado por teléfono en nuestra oficina de la empresa en Bogotá por un publicitario llamado Luis Peña solicitando una reunión. Yo ya había conocido a Luis Peña en un evento social, no recuerdo dónde fue, si fue en un seminario, algo de eso cuando intercambiamos tarjetas de visita. Luis Peña llamó y marcamos una reunión en los días subsiguientes que tuvo lugar en la oficina de la empresa en Bogotá (…) En esa reunión, Luis Peña preguntó si la empresa tenía el interés en contratar a la empresa que él tenía de publicidad, de marketing y todo eso para la realización de un estudio que estaba siendo requerido y necesario para la campaña de reelección de la Unidad Nacional, de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos. Y ese estudio era sobre la situación política de Colombia en las principales capitales del país. (…) Podría interesar mucho a Odebrecht por el hecho de entender la situación política allí del país. Yo respondí en esa reunión que sí, que tenía el interés, pero efectivamente (…) si uno acepta pagar ese estudio que Luis Peña hiciera llegar a los altos niveles del gobierno que la compañía había contribuido en el proceso allí de la campaña de la reelección”, explicó el delator.
Para la campaña del opositor Óscar Iván Zuluaga, Martorelli contó en la delación haber sido donado ilegalmente US$ 1,5 millón, por medio del pago del publicista, Duda Mendonça. El contacto entre el publicista y la campaña del candidato fue hecho por el propio Martorelli. Meses después, fue buscado por un asesor de Zuluaga con el pedido. “Decidí apoyar la campaña precisamente porque era grande la posibilidad de que el candidato pasara al segundo turno y he visto una gran oportunidad de acercarme a un eventual nuevo gobierno, con miras a viabilizar nuevos negocios para la compañía en el país”, contó Martorelli, afirmando que el pago a Duda Mendonça fue hecho en Brasil.
Colombia también investiga a Odebrecht por pago de soborno a cambio de aprobación contractual referente al tramo Ocaña-Gamarra de la carretera Ruta del Sol II (unos 600 km de carreteras con pista doble y que conecta el centro del país a la costa atlántica) – los ejecutivos de la empresa admitieron el crimen en la delación. Según las investigaciones locales, el valor total en sobornos ascendió a US$ 42 millones.
De acuerdo con la delación de Martorelli, el esquema era intermediado por el exsenador Otto Bula, que usaba su influencia dentro del Congreso colombiano para viabilizar proyectos y aditivos contractuales de Odebrecht en las obras de infraestructura del país. En cambio, Bula recibía el 1% del valor referente a la obra en que Odebrecht estaba interesada en obtener ventajas.
“Cuando llegué, Otto Bula se puso a disposición para ver dónde podía ayudar en estos procesos de licitación. Fue cuando empezamos justamente a tratar de varios asuntos ahí con él, una vez que él podría ayudarnos”, explicó Martorelli.
De acuerdo con la investigación colombiana, el ex viceministro de Transportes Gabriel García Morales recibió US$ 6,5 millones en soborno, y el exsenador Bula, un millón de dólares. Según las autoridades locales, el exsenador Bernardo Miguel Elías se habría beneficiado de parte de un soborno de 17 millones de pesos colombianos, pagado a él y también al senador Musa Besaile. Tras el inicio de las investigaciones, Odebrecht canceló el contrato de concesión de la carretera Ruta del Sol II, quedó impedida de participar en licitaciones en el país y tuvo que devolver 10,8 millones de dólares al Erario colombiano.
Además de Eleuberto Martorelli, que también detalló cómo ocurrió el pago al viceministro de Transportes, otros exejecutivos de la empresa también contribuyeron en el proceso de investigación en el esquema en Colombia. Luiz Bueno Junior, expresidente de Odebrecht en Colombia, explicó cómo, desde 2009, usaba su buena relación con el gobierno de Colombia, cuando fue designado para trabajar en el país. Otro delator, Luiz Antonio Mameri, exdirector de Odebrecht en América Latina, presentó la forma como articuló para la aprobación del contrato de la carretera Ruta del Sol 2 usando el esquema de sobornos a parlamentarios colombianos e integrantes del Poder Ejecutivo. El cuarto delator en el capítulo colombiano fue Luiz Eduardo Soares, exfuncionario del Sector de Operaciones Estructuradas, acusado de coordinar la contabilidad de los pagos hechos de forma irregular. Además, Soares habría actuado en la triangulación de los valores por medio de cuentas en nombre de empresas en el extranjero.
OBRA CON POSIBLE IRREGULARIDAD
Tramo Ocaña-Gamarra de la carretera Ruta del Sol II (unos 600 km de carreteras con pista doble y que conecta el centro del país a la costa atlántica)